Derecho de obtentor busca impulsar la investigación y la innovación en nuevas variedades agrícolas

La agricultura enfrenta una serie de retos que demandan nuevas soluciones para garantizar la disponibilidad de alimentos. Para 2050, la población mundial se aproximaría a los 9 mil millones de personas y, según las proyecciones citadas por la FAO, sería necesario incrementar la producción de alimentos en 70%. A ello se suman la expansión de las zonas urbanas, las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y las pérdidas de alimentos que ocurren a lo largo de la cadena. Frente a este escenario, el mejoramiento genético de plantas adquiere relevancia para desarrollar variedades más productivas, resistentes y adaptadas a condiciones cambiantes.

El desarrollo de una nueva variedad vegetal requiere procesos de investigación y selección que pueden extenderse durante varios años. En técnicas convencionales, por ejemplo, una variedad de trigo u otros cereales puede demandar entre 10 y 15 años de trabajo debido a la necesidad de evaluar diferentes generaciones. A estas metodologías se incorporan nuevas herramientas de mejoramiento, como CRISPR-Cas9, que permiten complementar las técnicas tradicionales y realizar modificaciones de manera más directa, contribuyendo a reducir determinados tiempos dentro del proceso de desarrollo.

En este contexto, el derecho de obtentor cumple una función vinculada a la protección de la propiedad intelectual de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) establece un sistema destinado a proteger estas innovaciones y, mediante el reconocimiento de derechos a los obtentores, busca generar condiciones que incentiven la continuidad de las actividades de investigación y desarrollo. La organización, creada en 1961, cuenta actualmente con 80 miembros que abarcan 99 Estados.

Perú forma parte de este sistema desde 2011, cuando se adhirió al Convenio de la UPOV, Acta de 1991. A partir de este marco se estableció el Decreto Supremo N.° 037-2011-PCM, Reglamento de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Asimismo, en 2022 se establecieron lineamientos para la toma de muestras durante visitas inspectivas ante presuntas infracciones a los derechos de obtentor. Este marco adquiere relevancia en un país donde las variedades vegetales tienen un peso creciente en actividades productivas orientadas a mercados internacionales.

Un ejemplo es la uva de mesa, uno de los principales cultivos de agroexportación del país. Según la información citada en la nota, Perú es el principal exportador mundial de uva, con una participación cercana a los 2.000 millones de dólares. Además, Breeders Alliance señala que el 76% de las áreas productoras de uva destinada a la exportación corresponde a variedades licenciadas, cuya contribución al valor exportado de este producto habría alcanzado aproximadamente 1.539 millones de dólares. En este escenario, el trabajo articulado entre Midagri, Senasa, INIA, Indecopi, Ciopora, Provid, Breeders Alliance, la academia y Apes busca mejorar el sistema de protección de variedades vegetales, fortalecer la relación entre obtentores y productores y favorecer la transferencia de tecnología hacia los agricultores.