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Autor: Portal El Economista
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El año 2022 ha traído emociones fuertes a toda la industria alimentaria. Si los años anteriores vinieron marcados por los efectos de la pandemia sobre la economía y sobre los hábitos de consumo, el año en curso no ha querido dejar una huella menor.
Huelgas de transportes que pusieron en jaque la cadena de suministros, incrementos de costes en la gran mayoría de insumos, arriesgadas propuestas políticas para tratar de reducir el inevitable impacto en el consumidor, unas condiciones climáticas atípicas y extremas y un verdadero tsunami normativo que desafía la rapidez de adaptación de la práctica totalidad de empresas del sector.
Todo esto acompañado de un goteo continuo de operaciones de M&A que van redibujando los mapas del mercado y que, por el perfil defensivo y resiliente de la alimentación, parecen no decrecer (e incluso acelerar) cuando otras industrias se vuelven más inciertas.
El sector español de la alimentación está más activo que nunca, como ha puesto de manifiesto la gran presencia de empresas en este mes de octubre en eventos como la reciente Fruit Attraction, celebrada en Madrid (con 1.800 empresas de 55 países), o Conxemar, en Vigo, que ha crecido este año un 37% en número de visitantes respecto al año anterior.
Hace casi un año ya de la publicación de la Ley de la Cadena Alimentaria (Ley 16/2021), en vigor desde el 16 de diciembre de 2021, que transformó de forma sustancial las reglas del juego para la producción y comercialización de todos los productos alimentarios. Los cambios tenían tal calado que durante meses las empresas del sector han tratado de ponerse al día y adaptar todos sus procesos a la nueva regulación.
Al camino marcado por esa nueva ley aún le falta una última e importante etapa prevista para el inicio de 2023: la puesta en funcionamiento del Registro de Contratos Alimentarios, que activará la obligación de registrar sus contratos para quienes compren productos a productores primarios (o a asociaciones de estos), así como a los primeros compradores de leche cruda y a los integradores. Si esa remisión deberá ser siempre previa a la entrega del producto (como indicaba el artículo 11.bis de la Ley 16/2021) o si habrá cierta flexibilidad al respecto (como recomendó la CNMC en su informe de 26 de julio de este año) es algo que está todavía en el aire.
Dependiendo del sector, a esas normas tendrán que sumarse los cambios regulatorios que se han producido para Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFHs) y para los programas operativos por los reales decretos publicados este mes de septiembre; o los que están previstos en materia de fertilizantes y fitosanitarios para final de este año, por citar solo algunos.
Mención específica merece la Ley 7/2022 relativa a residuos y suelos contaminados que, entre otras muchas, generará a partir del 1 de enero de 2023 la obligación de los comercios minoristas de alimentación de cierto tamaño a destinar al menos el 20% de su superficie de ventas a productos sin embalaje, a granel o con envases reutilizables (habrá que estar muy atentos al desarrollo reglamentario de esta cuestión) y el famoso impuesto a los envases plásticos de un solo uso, por el que el plástico no reciclado fabricado o importado en España quedará sujeto a un impuesto de 0,45 euros/kg (fórmula que además no está siendo uniforme entre los distintos países de la UE, con las cuestiones que esto podría suscitar).
Si en los últimos años la alimentación ha estado tremendamente de moda entre el private equity, los temores a una recesión de la economía podrían incrementar su atractivo relativo, como sector defensivo. El número de operaciones que hemos visto en los últimos 12 meses ha seguido creciendo, con movimientos relevantes como la expansión de Citri&Co por el hemisferio sur adquiriendo divisiones de San Miguel, la creación de Greentastic como primera gran plataforma veggie del private equity, o la adquisición de Grupo Uvesco por PAI. Son solo algunos ejemplos de las más de 40 operaciones que hemos completado desde Garrigues en la industria.
Además, la llegada de los farmland funds internacionales (que han llegado con perspectiva de permanecer activos muchos años) ha dinamizado los asset deals y ha inyectado una liquidez adicional que podría generar importantes movimientos en cadena.
Si bien la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que todo incremento de coste se traslade por completo al siguiente eslabón (reduciendo el riesgo de pass through comparativamente con otros sectores), habrá que tener en cuenta que los efectos de la inflación no serán uniformes en todos los productos.
El poder adquisitivo de los consumidores caerá (en algunos casos más aún, por el efecto acumulado del tipo de cambio, como ocurre con la libra en Reino Unido). Los productos de mayor precio o de mayor valor podrían ceder terreno ante opciones más económicas y ante alternativas de consumo de menor coste, que podrían verse beneficiadas.
En conclusión, nos esperan meses en los que tendremos buenas razones para continuar siguiendo con la máxima atención todo lo que rodee al mercado de la alimentación y a las empresas del sector. Si 2022 cerrará seguro con importantes novedades, 2023 promete ser apasionante.
Fuente: eleconomista.es
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