Congreso aprueba dictamen para crear Ley de Inocuidad de los Alimentos

Con una votación mayoritaria de diez votos a favor y una sola abstención, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, presidida por el parlamentario Idelso García Correa (APP), aprobó el dictamen que propone la creación de la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Esta iniciativa, presentada con un texto sustitutorio, busca fortalecer los mecanismos de control sanitario, resguardando el derecho de los ciudadanos a consumir alimentos seguros y saludables.

El proyecto de ley, identificado como el N.° 9254/2024-CR, establece que organismos como el SENASA, DIGESA y SANIPES, junto con los gobiernos regionales y locales, serán responsables de garantizar la inocuidad alimentaria dentro de sus respectivas jurisdicciones. Esta distribución de responsabilidades busca mejorar la articulación entre los distintos niveles del Estado para prevenir riesgos en la cadena alimentaria.

Uno de los aspectos clave de la propuesta es el impulso a la capacitación de los agricultores en el uso correcto de insumos químicos. Asimismo, contempla que las entidades encargadas cuenten con los recursos logísticos y financieros necesarios para ejercer una fiscalización eficiente, lo que permitiría detectar y corregir irregularidades en la producción y comercialización de alimentos.

La norma, impulsada por el congresista Wilson Soto Palacios (AP), también establece que SENASA, DIGESA y SANIPES serán responsables de supervisar el transporte de alimentos y de fiscalizar los locales donde se procesan, venden o almacenan productos alimenticios. Esta vigilancia excluye, sin embargo, a los establecimientos dedicados exclusivamente al fraccionamiento de productos y a los servicios de alimentación a bordo de medios de transporte.

La aprobación de esta propuesta legislativa representa un paso fundamental hacia un sistema alimentario más seguro y confiable. La inocuidad de los alimentos no solo protege la salud pública, sino que también fortalece la confianza del consumidor y promueve prácticas responsables en toda la cadena agroalimentaria. La implementación efectiva de esta ley puede reducir significativamente los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos y contribuir al desarrollo sostenible del país, especialmente en un contexto donde el acceso a alimentos seguros es un derecho esencial para todos los ciudadanos.

FUENTE: Portal Congreso de la República