A medida que crece la demanda por productos de sellos orgánicos y de comercio justo en Europa y Estados Unidos, los agricultores de América Latina enfrentan desafíos para cumplir con los estándares.

La creciente demanda de alimentos más saludables, amigables con el ambiente y respetuosos de los derechos de los productores ha generado la proliferación de sellos en los empaques que aseguran cumplir con las exigencias de los consumidores, la mayoría creados o impulsados por la gran industria alimentaria. Se trata de más de 50 certificados que se autorregulan y que en algunos casos provocan una serie de trámites engorrosos y caros para los pequeños productores.

Hasta hace cuatro años, para poder exportar café orgánico desde su finca en uno de los estados cafetaleros más importantes de México, Veracruz, Gisela Illescas Palma, una agricultora mexicana, dedicaba una parte importante de los ingresos económicos de su negocio para costear el pago de las credenciales que certificaran la naturaleza orgánica de sus productos. Como a otros 127 mil agricultores de América Latina, la promesa de nuevos mercados y mejores ingresos desde Estados Unidos y la Unión Europea la motivó a destinar fondos, tiempo y recursos en estos procesos anuales.

Las principales certificaciones de productos orgánicos son expedidas por los gobiernos de países más ricos, como Estados Unidos y Europa, ambas regiones se comercializa el 90% de los productos orgánicos del mundo. América Latina exporta a ambas regiones 187,355 millones de toneladas de café, según el informe de 2023 del Instituto de Agricultura Orgánica de Suiza.

Según datos de comercio internacional obtenidos por OjoPúblico, entre 2018 y mayo de 2024, el 18.55% del café exportado de México proviene de productores con certificación orgánica; en Perú, 61.90%; en Colombia, 34.66%, y en Ecuador 2.46%. Estas citas son aproximadas, pues no existe un arancel específico para el café orgánico y algunos productores exportan tanto el certificado, como el que no.

Luego de 4 años de apostar por las certificaciones orgánicas mexicana, europea y de Estados Unidos, la organización campesina, Vinculación y Desarrollo Agroecológico en Café, de la que Gisela Illescas es integrante, decidió no volver a renovarlos.

“Nosotros le dedicamos al año tres meses para preparar toda la información que se requería para solicitar la inspección, era mucho trabajo interno, con cuatro personas dedicadas a revisar todas las parcelas y todos los procesos”, cuenta desde Veracruz. Las ventas asociadas al sello orgánico no garantizaban el retorno de inversión en tiempo y recursos.

Su organización pagaba por la renovación de los sellos, USD 3.800 cada año. A esto se suman los honorarios de las personas especializadas que debían preparar los informes y el costo de la inspección. En total, según Illescas, cada año destinaban entre el 15% y 17% de sus ganancias a la renovación, lo que no necesariamente se traducía en un mayor mercado. Desde entonces, dice que se dedica a prácticas agrícolas que ella considera tienen un mayor impacto ecológico, sin la validación de un sello.

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico muestra cómo en los últimos años, la exportación de productos orgánicos se ha incrementado desde Perú, Ecuador, Colombia y México, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

Desde que se impulsó el primer sello orgánico en 1946 a la fecha, se ha desarrollado un mercado de certificadoras que venden sus certificados simultáneamente a multinacionales de la industria alimentaria y a pequeños agricultores para que incorporen sus sellos en el empaque, como garantía de que el producto vendido es realmente orgánico. Sin embargo, no todos tienen el mismo estándar, muchas veces sus procesos son poco transparentes, y representan una serie de trámites complejos para los pequeños agricultores, dejándolos fuera del alcance de los mercados.

Para esta investigación, OjoPúblico identificó más de 50 sellos, entre privados y públicos, que certifican el origen orgánico de un producto.

Para cumplir con la certificación de producto orgánico, por ejemplo, la tierra debe tener un periodo de transición de entre dos y tres años, los campesinos deben pagar por los cursos para prepararse, pagar a un inspector independiente que evalúe sus procesos de siembra y valide que el campo y los procesos cumplen con los requerimientos. 

El investigador Pablo Pérez Akaki, doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoce que este tipo de certificaciones ayuda a los campesinos a organizarse y a encontrar nuevos canales de comercialización, pero también señala que estos mecanismos no favorecen a los pequeños productores, y se pregunta “¿quién tiene la autoridad para definir esos requisitos?”

Dos de las certificaciones orgánicas con más peso en el mundo son las que otorgan el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (denominada USDA, por sus siglas en inglés) y el de la Unión Europea, la Euro Hoja. Ambas han tenido procesos de revisión en los últimos años debido a que se han identificado productos con sus sellos que no cumplen con los criterios de orgánico.

Según el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica, una organización suiza sin fines de lucro, solo en 2021 se exportaron más de 2,7 millones de toneladas métricas de productos orgánicos desde América Latina y el Caribe a la Unión Europea y Estados Unidos, lo que representa el 56,8% de este tipo de exportaciones hacia estas zonas.

El número de organizaciones y empresas certificadas como orgánicos por el USDA superó los 46.409 en 2024 en todo el mundo, el 19% corresponden a América Latina.

Para las empresas con certificación orgánica de la USDA, las exportaciones a los Estados Unidos fueron un 20,3% mayores que las que no tienen, y por eso para las empresas se ha vuelto tan atractivo contar con este sello.

Entre las empresas que más exportan, según los datos analizados por OjoPúblico se encuentran las trasnacionales Olam Group, que opera en más de 60 países, la suiza Nestlé, otras que son proveedoras de marcas como Hershey y Mars, o algunas empresas nacionales importantes como las colombianas de los grupos Nutresa y Sucafina.

Las certificadoras establecen los mismos estándares para las grandes corporaciones de alimentos que para los pequeños agricultores.

El mercado y la promesa de los sellos

En el mercado de las certificaciones, otro de los sellos que se está expandiendo es el denominado comercio justo o Fairtrade. Esta certificación busca verificar y garantizar que los productores reciban un pago justo por su producto. Actualmente, existen al menos seis de estos certificados de comercio justo de alcance mundial.

La Unión Europea también ha hecho esfuerzos para proteger a sus consumidores de la venta de productos que hacen "afirmaciones ambientales engañosas", pues han encontrado más de 200 etiquetas de sostenibilidad en la región. Un estudio realizado en 2022 de la Comisión Europea encontró que el 40% de las etiquetas verdes no tenía fundamento. Por ello, desde 2023, para vender productos que afirmen ser ecológicos, los productores serán sometidos a verificaciones independientes y las afirmaciones deberán estar fundamentadas con evidencia científica.

La Organización Mundial de Alimentos (FAO) señala que la mayoría de las normas para la agricultura orgánica fueron creadas por agencias certificadoras privadas, aunque cada vez hay más países que han desarrollado sus normas nacionales. Sin embargo, que un país desarrolle una certificación local -como las existentes en Brasil, Perú o Colombia- no garantiza que esta sea reconocida para que el producto sea exportado como orgánico, por lo que el exportador deberá adquirir una etiqueta que sea aceptada oficialmente por el país importador.

Fuente: ojo-publico.com